La entrada en vigor de la Ley 20/2011, del Registro Civil,
que estaba prevista para julio de 2014, fue prorrogada por un año más, de forma
que la entrada en vigor se ha retrasado para el 15 de julio de este año 2015.
En esa Ley se preveía la desjudicialización plena del Registro Civil, pero no
se encomendaba su llevanza a ningún funcionario público en concreto, dejando
abierta varias posibilidades, en todo caso se trataría de funcionarios del
subgrupo A1 de las Administraciones públicas o Secretarios Judiciales.
A sólo tres meses vista de la entrada en vigor de la Ley, el
Gobierno aún no ha procedido a promover los necesarios desarrollos
reglamentarios y a desplegar la plataforma informática imprescindible para
hacer efectivo el nuevo modelo de Registro Civil previsto en dicha norma.
Lo que sí ha hecho el gobierno es aprobar el Real
Decreto-ley 8/2014 y posteriormente la Ley 18/2014, para asignar la llevanza
del Registro Civil a los Registradores Mercantiles, lo que a juicio de STAJ
supone una auténtica privatización de un servicio que ha venido siendo público
y gratuito durante siglo y medio. Con ello, y de manera inadmisible, se tiran
144 años de experiencia y buena gestión, privatizando un instrumento que ha
sido parte de nuestra sociedad y ya de nuestra historia todo este tiempo, más
antiguo que nuestro sistema de Seguridad social e incluso con más “solera” que
nuestra Democracia, pues no en vano ha sobrevivido a dos Repúblicas,
Monarquías, Regencias, Guerras y Dictaduras, perdurando aún hoy como uno de los
servicios públicos mejor valorados por la ciudadanía, a pesar de la carencia de
medios materiales y humanos. Resulta cuanto menos sorprendente que sea un
régimen democrático consolidado el que se encargue de mercantilizar un servicio
público de calidad.
Esa privatización que supone la asignación del Registro
Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles está siendo ampliamente
contestada no sólo por STAJ y los funcionarios de Justicia, sino también por
asociaciones de usuarios, de abogados, jueces, secretarios judiciales,
Ayuntamientos y, en general, por toda la ciudadanía. Expresión de esta
disconformidad lo constituyen las constantes concentraciones y muy
especialmente la multitudinaria manifestación del pasado día 11 de abril en
Madrid.
Todos temen por la pérdida del carácter público y gratuito
del servicio, así como su alejamiento de los ciudadanos, al perderse el
carácter municipal que actualmente tienen las oficinas de Registro Civil. Con
ello se evidencia, además, que hoy por hoy nadie está de acuerdo con la
estructura organizativa establecida en la Ley, más allá incluso de su entrega a
los Registradores de la Propiedad, por cuanto dicha ley preveía una Oficina de
Registro Civil en cada Comunidad Autónoma, y una más por cada 500.000
habitantes, lo cual, evidentemente, constituye también un enorme alejamiento de
los ciudadanos.
Por ello, ante la inviabilidad de poner en marcha la Ley de
Registro Civil de 2011 y el nulo consenso social en cuanto a la privatización y
en cuanto a sus propias previsiones organizativas, desde STAJ hemos interesado
a los Grupos parlamentarios a que, a través de la tramitación parlamentaria del
PROYECTO DE LEY de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la
Administración de Justicia y del Registro Civil, se modifique la Ley de 2011 en
el sentido de derogar la estructura organizativa del Registro Civil prevista en
dicha ley, así como la asignación a los Registros Mercantiles prevista en el
Real Decreto-ley 8/2014 y en la Ley 18/2014, para que el Registro Civil continúe
teniendo carácter municipal, adscrito a la Administración de Justicia, con los
Secretarios judiciales como Encargados de las oficinas y servidas enteramente
por funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia,
con mantenimiento de todos los puestos de trabajo adscritos actualmente a
funciones Registro Civil.
Igualmente, hemos interesado una nueva prórroga de la
entrada en vigor de la Ley, por dos años, hasta tanto se dicten las
disposiciones reglamentarias necesarias y se implante la plataforma tecnológica
imprescindible para la modernización definitiva del Registro Civil.