La reforma laboral aprobada recientemente por el Gobierno afecta en exclusiva a los empleados sometidos al Estatuto de los Trabajadores. No afecta a los funcionarios públicos y tampoco a los funcionarios de la Administración de Justicia.
Esa reforma laboral es la que ha motivado la convocatoria de huelga general para el 29 de marzo. De ahí que el STAJ, como sindicato de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, no se adhiera a la convocatoria, como tampoco lo hizo en la convocatoria de septiembre de 2010, motivada por la Reforma Laboral del PSOE, que tampoco afectó a los funcionarios públicos.
Cuando los gobiernos de turno han aprobado medidas que sí afectan de manera negativa a los funcionarios públicos en general y en particular a los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, el STAJ sí ha convocado movilizaciones, como así hicimos tras los recortes aprobados en junio de 2010 por el Gobierno de Zapatero y más recientemente por diversos gobiernos autonómicos, y volverá a hacerlo si se anuncian nuevos recortes sobre nuestros derechos y condiciones de trabajo como funcionarios.
Del mismo modo, si las medidas adoptadas en este momento por el Gobierno afectasen también a los funcionarios a los que representamos, no dudaríamos en adherirnos a la convocatoria de huelga o la habríamos convocado individualmente, pues afectaría a todos, y no sólo a una parte de los trabajadores de este país.
No obstante lo anterior, desde STAJ, como organización social, no somos insensibles a la gravedad de las consecuencias que para el resto de trabajadores supondrá a corto y medio plazo, e incluso a largo plazo, la reforma aprobada por el Gobierno. Una vez más son los trabajadores quienes pagan las consecuencias de una mala gestión, de la corrupción política generalizada, del despilfarro o del fraude fiscal. No compartimos en absoluto lo decretado por el Gobierno y lo consideramos particularmente peligroso, por cuanto supone de precariedad en el empleo de los trabajadores y por lo que afecta a la posibilidad de imposición unilateral de sus condiciones de trabajo.
Por ello, desde STAJ consideramos que cada funcionario de la Administración de Justicia debe valorar y decidir si participa o no en la huelga y secundarla si lo considera oportuno, así como participar en los diferentes actos de protesta que puedan convocarse para ese día, todo ello desde el profundo respeto que, como no podía ser de otro modo y como hemos expresado constantemente, nos merece cualquiera de las opciones que cada uno decida adoptar libremente.