En los últimos años, con la excusa de la crisis, el Ministerio
de Justicia se ha lanzado a una loca carrera que sus representantes denominan
reformista pero que encubre un verdadero proceso privatizador de la
Administración de Justicia, en algunos casos presionado por lobbys
profesionales muy bien situados en el Ministerio
Una reforma que no cuenta ni con el personal funcionario de
Justicia, profesionales especialistas en procedimientos judiciales que
es lo que nos define como Cuerpos de funcionarios en la LOPJ, ni con el
personal laboral, a los que se nos ha marginado de los foros de discusión de
estas medidas que afectan a nuestras condiciones de trabajo. De todo este
proceso será la ciudadanía y las condiciones de trabajo del personal
funcionario y laboral de la Administración de Justicia los que verdaderamente
sufrirán las consecuencias de la misma: