STAJ ha
reiterado nuevamente ante el Ministerio de Justicia que el Registro Civil se
mantenga como un servicio de la Administración de Justicia, servido
exclusivamente por funcionarios de los Cuerpos de Secretarios Judiciales,
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y
Auxilio Judicial
En escrito
presentado esta semana, STAJ ha reiterado la propuesta que ya
realizó el año pasado, en el sentido de que el Registro Civil continúe siendo
un servicio de la Administración de Justicia, aunque no esté a cargo de jueces
y magistrados, como hasta ahora. Del mismo modo en que las delegaciones
provinciales de la MUGEJU o el Instituto Nacional de Toxicología son servicios
que sin ser estrictamente judiciales están servidos por funcionarios de los
cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, el Registro Civil también
puede acogerse a este sistema, por lo que continuaría siendo un centro de
destino para dichos funcionarios, tal como es ahora.
Con ello se
garantizaría su carácter de servicio público y gratuito, y supondría la
salvaguarda de los derechos de los ciudadanos al estar servido exclusivamente
por funcionarios muy profesionales y altamente cualificados, como únicos
garantes de la legalidad, confidencialidad de los datos, y de la especialidad
del trato que requiere el público en esta concreta materia. Al mismo tiempo, se
garantizaría el mantenimiento de los puestos de trabajo que actualmente se
dedican a funciones de Registro Civil e incluso el mantenimiento de la Justicia
de Paz.
Los funcionarios
de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia tenemos
conocimientos y experiencia sobrada en esta materia, muy necesaria para un
servicio público que lo que verdaderamente requiere para ser plenamente eficaz
es una inversión suficiente en medios materiales y humanos y una completa
modernización, que facilite su acceso por la ciudadanía.
En este sentido, STAJ ha
solicitado la modificación de la Ley 20/2011, del Registro Civil, que en teoría
entraría en vigor el próximo mes de julio pero que, tal como el propio partido
en el gobierno ha manifestado, no existe disponibilidad presupuestaria para
ponerla en marcha en los términos en que está redactada en cuanto a su
estructura y organización -lo cual es uno de los motivos que han llevado al
Gobierno a su proyecto de encomendar el Registro Civil a los Registradores de la
Propiedad-. Por ello, nuestra propuesta es plenamente viable y no tendría
ningún coste económico, y así se lo hemos manifestado al Ministerio.