Reproducimos
el artículo publicado en el CONFILEGAL, por Manuel Palomares Herrera, a quien
agradecemos sinceramente las palabras de
reconocimiento que hace de los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración
de Justicia y del trabajo que desempeñamos a diarios en los Juzgados,
Tribunales y Fiscalías
¿Quiénes
son los Tramitadores, Auxiliares y Gestores Procesales?: La infantería de la
Administración de Justicia
Se dejan ver poco, pero siempre están ahí. Acuartelados
en oficinas judiciales o en las burócratas trincheras de las unidades
procesales de apoyo directo. Mirada fija, tareas perennes e ideas claras.
Apreciados por abogados y procuradores,
desconocidos por la ubérrima mayoría de los mortales: hablamos de los
funcionarios judiciales de intramuros, la verdadera tropa de élite de la
Administración de Justicia para que se garantice un servicio ordinario y de
calidad.
Si bien su nombre completo actual, desde 2004,
es Cuerpo de Auxiliares, Tramitadores y Gestores Procesales y Administrativos,
algunos los recordarán por sus antiguas nomenclaturas de alguaciles, agentes
judiciales y oficiales de justicia respectivamente, si bien siguen siendo
servidores públicos del grupo C, B y A.2.
Pensar en los juzgados es pensar solo en togas
y alguna puñeta que otra, sin embargo estos funcionarios a los que dedicamos
este espacio son tramitando procedimientos y expedientes a los jueces lo que
los duendecillos de la navidad envolviendo regalos a Santa Claus y moviendo el
tinglado para que la cosa funcione, pero en vez de magia de la navidad, con el
espíritu de la justicia.
Un servicio absolutamente fundamental.
Sí, amigos, como sospechaban, detrás de las
solemnes y amaderadas paredes de las salas de vistas hay movimiento, voces,
vida.
Las notificaciones, cédulas, diligencias y los
expedientes no se hacen solos, ni las ejecuciones, confección de cédulas, ni la
gestión de archivos está del todo informatizada… sino que son las cualificadas
manos de la justicia ordinaria, las manos de estos profesionales las que
engrasan la maquinaria.
Mano suave pero mano dura cuando se requiere,
pues los Auxiliares, y a veces Gestores, poseen carácter de autoridad y
consideración de Policía Judicial, así que como diría el anuncio
de Danacol, poca broma.
Estos zapadores de juzgados y servicios
comunes no merecen menos honorabilidad que otros cuerpos si consideramos las
durísimas oposiciones de acceso.
Solo hace falta un profundo conocimiento del
Código Procesal, una media de 4 años de estudio, formación previa, paciencia y
sangre fría para salir del pozo que es esta oposición, lucir placa en sus
carteras y su nombre en el BOE.
No es raro que los mismos jueces y letrados
judiciales consulten dudas procesales a los tramitadores y gestores.
Podríamos afirmar de hecho que no hay
funcionario que conozca mejor las leyes procesales y la ingeniería procesal en
todas y cada una de sus jurisdicciones.
Para medir el desarrollo humano y de
civilización de un país se atiende por lo común a indicadores como la situación
de los derechos humanos en sus prisiones, la limpieza de sus calles o la
transparencia pública, pero hemos de poner en valor también otro indicativo de
la evolución social de un Estado: el funcionamiento de la Administración
de Justicia.
En este sentido España marcha como un reloj
suizo.
En la última convocatoria que terminó la
semana pasada han concurrido más de 100.000 opositores para menos de 2.000
plazas, lo cual denota el agónico proceso de selección en donde solo quedan los
más diestros, arrojando en algunas comunidades con competencias asumidas en
justicia (personal y material) ratios de 150 aspirantes por plaza.
Con los presupuestos recién aprobados, los
opositores solo esperan ansiosos la Oferta de Empleo Público, de la que esperan
mayor generosidad y buen hacer.
Lo más sonado de esta recién clausurada
convocatoria y que todos recordarán en su transcurrir es la inclusión de
preguntas sobre contenido derogado en sus exámenes lo cual ha desatado una
verdadera lluvia de escritos de impugnación desde todos los puntos de España
hacia el desafortunado tribunal calificador, además de la desacertada inclusión
de un preparador de estas oposiciones como miembro del tribunal, que al final,
con buen criterio, se cambió por otro miembro más imparcial.
Finalmente, si algo destaca en estos tres
cuerpos es la cantidad excesiva de funcionarios interinos que ocupan sus filas,
algo que por fin pretende revertir el Gobierno a partir de este año, y a tres
años vista, al instaurar el sistema de concurso-oposición para que se
incorporen a la estabilidad los interinos o al menos darles la oportunidad de
ganarse su puesto.
Esto ha evidenciado un descontento
generalizado en el vasto tapón de opositores por el turno libre al ser otro
escollo a superar, por si fuese poco.
Por esta razón, en tiempos de equiparación
salarial en el sector público, no sería descabellado aplicar esta regla también
a la Administración de Justicia, además de más regularidad y pragmatismo.